SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1094/2003-R
Fecha: 04-Ago-2003
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1094/2003-R
Sucre, 04 de agosto de 2003
Expediente: 2003-06713-13-RAC
Distrito: La Paz
Magistrada Relatora: Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas
En revisión, la Sentencia 25/2003, cursante a fs. 36 y 37, pronunciada el 19 de mayo de 2003 por la Sala la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Freddy Ernesto Castro Oviedo en representación de Jorge Adalid Alcocer Rojas, Norah Loayza de Acevedo y Fanny Felipa Velásquez Pairumani contra Jenny Villanueva de Vocal y Velia Guachalla Novillo, Vocales de la Sala Social y Administrativa Tercera de dicha Corte, alegando la vulneración de los derechos y garantías “enmarcados en los arts. 5, 7, 162 y 228” de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido del recurso
I.1.1. Hechos que motivan el recurso
En la demanda presentada el 8 de mayo de 2003 (fs. 9 y 10), el recurrente manifiesta que dentro del proceso social seguido por Martha Hurtado y otros contra la Alcaldía Municipal de El Alto, las recurridas emitieron el Auto de Vista 01/02 SSA-III, que confirmó la Sentencia 56/2000 de 5 de octubre, pronunciada por el Juez de Trabajo de la citada ciudad.
Asevera que de acuerdo al DS 21858 de 19 de enero de 1988, puede ejecutarse el referido Auto de Vista previa fianza de resultas, empero, las Vocales demandadas no han dado curso a su pedido de ejecutar provisionalmente el fallo de segunda instancia, como tampoco se han pronunciado sobre su solicitud de extensión de fotocopias legalizadas de la Sentencia y el merituado Auto de Vista, pues ante el primer petitorio dispusieron “estése” y ordenaron la remisión del expediente a la Corte Suprema de Justicia.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados.
El actor estima que se han vulnerado los derechos y garantías “enmarcadas en los arts. 5, 7, 162 y 228” CPE.
I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio
De acuerdo a lo relatado, plantea recurso de amparo constitucional contra Jenny Villanueva de Vocal y Velia Guachalla Novillo, Vocales de la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La paz, solicitando sea declarado procedente, ordenando se de curso a la fianza de resultas “por corresponder en derecho”.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional
En 19 de mayo de 2003 se realizó la audiencia pública, conforme se advierte del acta que cursa a fs. 35, en la que se suscitaron las siguientes actuaciones:
I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso
El recurrente ratificó íntegramente su demanda, agregando que presentaron los documentos originales tanto en garantías hipotecarias, líneas telefónicas y garantías de carácter personal como fianza de resultas para que se ejecute provisionalmente el Auto de Vista, pero las Vocales no se han pronunciado debidamente sobre ese pedido y han decretado “estése”.
I.2.2. Informe de las autoridades recurridas
Las recurridas, en el informe escrito que corre a fs. 33 y 34, sostienen lo siguiente: a) por Resolución 01/2003 de 15 de enero de este año, confirmaron la Sentencia 56/2000 de 5 de octubre, con la modificación de realizar la deducción de pagos documentados en ejecución de sentencia; b) notificada la parte demandada, formuló recurso de casación , y “la Sala Social Tercera no tuvo más que dar cumplimiento al procedimiento” concediendo dicho recurso; c) la reiteración de la parte actora para que se autorice la fianza de resultas fue cuando ya habían emitido el Auto de concesión del recurso de casación; d) se ha remitido a la Corte Suprema de Justicia, por oficio de 5 de mayo, el proceso laboral seguido por Martha Hurtado y otros contra la Alcaldía Municipal de El Alto, dando cumplimiento al Auto de 11 de abril de 2003, al haberse concedido el recurso de casación planteado por la parte demandada; e) el art. 550 del Código de procedimiento civil (CPC), establece como requisito para solicitar la fianza de resultas, que la sentencia esté confirmada en todas sus partes , y en este caso, el Auto de Vista no confirmó totalmente el fallo de primera instancia, siendo inaplicable la mencionada norma; f) la extensión de fotocopias legalizadas pedida por el recurrente fue autorizada mediante providencia de 9 de abril de este año.
I.2.3. Resolución
La Sentencia 25/2003, cursante a fs. 36 y 37, pronunciada el 19 de mayo de 2003 por la Sala la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declara improcedente el recurso, sin costas, bajo estos fundamentos: 1) si bien es cierto que el DS 21858 de 19 de enero de 1988 permite la ejecución de los Autos de Vista que confirmen las Sentencias de primer grado bajo fianza de resultas, es menester aclarar que en este caso, el Auto de Vista no confirma totalmente la Sentencia, sino que dispone realizar la deducción de pagos documentados, en ejecución de sentencia, por lo que no se cumple la norma del art. 550 CPC; 2) la parte demandada interpuso casación y por el carácter subsidiario del amparo constitucional, éste no puede ser sustitutivo de dicho recurso.
II. CONCLUSIONES
Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las conclusiones que se señalan seguidamente:
II.1. Dentro del proceso laboral seguido por Freddy Castro Oviedo en representación de Fanny Felipa Velásquez, Martha Hurtado y otros contra la Alcaldía Municipal de El Alto, el Auto de Vista 01/03 SSA-III, de 15 de enero de 2003 (fs. 4), confirmó la Sentencia 56/2000 de 5 de octubre de 2000, que declaró probada la demanda, “con la modificación de realizar deducción de pagos documentados en ejecución de sentencia”.
II.2. Mediante Auto 134/03 de 11 de abril de este año (fs. 31), las recurridas concedieron el recurso de casación planteado por la Alcaldía Municipal de El Alto contra el mencionado Auto de Vista.
II.3. El recurrente, mediante escrito presentado el 16 de abril de 2003 (fs. 5), solicitó la ejecución provisional del Auto de Vista, ofreciendo para ello fianza de resultas. Según lo afirmado por el recurrente -admitido por las recurridas- ante tal pedido las Vocales demandadas señalaron “estése”, en el entendido (fs. 33) de que ya concedieron el recurso de casación formulado por la parte adversa en el proceso social.
II.4. El expediente del proceso laboral ha sido remitido a la Corte Suprema de Justicia con oficio 119/03-SSA-III de 5 de mayo (fs. 32).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
En el presente amparo el recurrente arguye que las Vocales recurridas: a) ante su pedido de ejecutar provisionalmente el Auto de Vista que ha confirmado la sentencia de primera instancia, han decretado “estése”, sin considerar lo dispuesto por el DS 21858; b) han omitido pronunciarse sobre su solicitud de extensión de fotocopias legalizadas de las resoluciones de primera y segunda instancia, todo lo que conculca los derechos y garantías “enmarcadas en los arts. 5, 7, 162 y 228” CPE. En ese sentido, corresponde, en revisión, analizar si en la especie se debe otorgar la tutela pretendida, tomando en cuenta los caracteres propios de este recurso.
III.1. El art. 217 del Código Procesal del Trabajo (CPT), aprobado por Decreto ley 16896 de 25 de julio de 1979, establece que se podrá ejecutar provisionalmente los Autos de Vista que sean confirmatorios de las sentencias de primer grado, para lo que el interesado ofrecerá fianza personal de resultas.
El DS 21858 de 19 de enero de 1988, determina con carácter retroactivo, la aplicación obligatoria de los arts. 550 y 551 del Código de procedimiento civil y demás preceptos concordantes sobre fianza de resultas, en toda ejecución provisional de Autos de Vista confirmatorios de sentencias de primer grado, conforme dispone el art. 217 CPT. Aclara, el señalado Decreto, que no podrá admitirse fianza de resultas simplemente personal sino sólo cuando el monto condenatorio en ejecución provisional no exceda de la suma de diez mil bolivianos, debiendo exigirse fianza hipotecaria para la ejecución de montos mayores.
El art. 550 CPC expresa que en todos los procesos en que proceda la apelación de sentencia en el defecto devolutivo, o cuando el Auto de Vista confirmare una sentencia en todas sus partes, se podrán ejecutar aquélla o éste, siempre que la parte victoriosa prestare fianza de resultas, determinada y calificada por el juez o tribunal, para restituir lo cobrado con frutos e intereses en caso de revocarse la sentencia o casarse el Auto de Vista.
III.2. En la especie, el Auto de Vista 01/03 SSA-III, de 15 de enero de 2003, confirmó la Sentencia 56/2000 de 5 de octubre de 2000, que declaró probada la demanda, “con la modificación de realizar deducción de pagos documentados en ejecución de sentencia”, y que en consecuencia, no se confirmó el fallo de primer grado en todas sus partes, por cuanto al disponer se realice la deducción de pagos documentados en ejecución de sentencia, no puede considerarse que el Auto de Vista sea confirmatorio total de la sentencia de primera instancia, puesto que dentro de la técnica procesal, confirmar debe entenderse como una ratificación de todo lo aprobado antes, lo que no ocurre en el presente asunto, ya que la deducción de sumas ya canceladas ciertamente dará lugar a otro monto indemnizatorio y no forzosamente al señalado en la Sentencia ( SC 1238/2002-R, de 14 de octubre).
En consecuencia, como la confirmación de la Sentencia de primera instancia no fue total, las Vocales recurridas no incurrieron en acto ilegal alguno al remitir el expediente ante la Corte Suprema de Justicia efectos de que se resuelva el recurso de casación, dado que no correspondía deferir al pedido de fianza de resultas en el marco de las disposiciones legales anotadas.
III.3. En lo relativo a la solicitud de francatura de fotocopias legalizadas, que conforme a lo denunciado por el actor, no habría merecido pronunciamiento alguno de las recurridas, la parte recurrente no ha presentado prueba alguna que demuestre lo que alega, y las demandadas han aducido que aquello ya fue ordenado, en virtud de lo que este Tribunal no puede declarar procedente el recurso en relación a esa acusación. En ese sentido se tienen las SSCC 1201/2001-R, 301/2002-R, 354/2002-R, 426/2002-R, 1033/2002-R, 130/2003-R y otras.
De todo lo expuesto, se concluye que la Corte de amparo, al declarar improcedente el recurso, ha evaluado en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.
POR TANTO
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19-IV, 120-7ª) CPE, 7.8ª) y 102-V LTC, con los fundamentos expuestos, APRUEBA la Sentencia 25/2003, cursante a fs. 36 y 37, pronunciada el 19 de mayo de 2003 por la Sala la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz.
CORRESPONDE A LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1094/2003-R
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional
No interviene el Magistrado Dr. Felipe Tredinnick Abasto por no haber conocido el asunto.
Dr. René Baldivieso Guzmán Dr. Willman Ruperto Durán Ribera
PRESIDENTE DECANO
Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas Dr. José Antonio Rivera Santivañez MAGISTRADA MAGISTRADO