SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0108/2004-R

La recurrente sostiene que la autoridad demandada ha vulnerado los derechos a la defensa y al debido proceso de su representado, pues dentro del proceso penal que le sigue Rafael Larrea Arauco por el delito de giro de cheque en descubierto, fue condenado a tres años de privación de libertad en primera instancia, circunstancia por la que apeló de dicho fallo ante el superior en grado, quien no obstante de tener conocimiento de que estaba asistido por una abogada particular que señaló domicilio procesal, al no apersonarse le designó un defensor oficial que además de no conocerlo no asumió su  defensa, motivando que el Auto dictado en apelación se ejecutorie, a cuyo efecto se ha expedido mandamiento de condena en su contra. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son ciertos y si se justifica otorgar la tutela que brinda el art. 19 CPE.