SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1599/2004-R

En el escrito de 21 de agosto de 2004 de fs. 1 a 2 vta., la recurrente manifiesta que desde el 23 de enero de 2004 en que se realizó la audiencia de medidas cautelares, se dispuso su detención preventiva por la presunta comisión del delito de asesinato de Juanito Molina, sobre la base de supuestas pruebas testificales que afirmaban su participación en el hecho, aplicándole los arts. 233 numerales 1 y 2, 234 y siguientes del Código de procedimiento penal (CPP). Es así que solicitó la cesación de su detención preventiva, pues en el tiempo transcurrido no se ha demostrado su participación ni que sea responsable directa del hecho imputado, es más las diligencias de policía judicial no concluyen ni afirman sea la autora del delito incriminado, y no obstante de ello el Juez cautelar de acuerdo con el requerimiento emitido por la Fiscal de Materia, rechazó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva sin considerar el ofrecimiento de dos garantes personales, acreditación del domicilio, certificado de trabajo además de haber concluido la etapa preparatoria, sin que el Ministerio Público solicite a la autoridad jurisdiccional su ampliación, por lo que dicha etapa se ha extinguido.

Añade la recurrente que se encuentra ilegal e indebidamente procesada, pues conforme con el párrafo primero del art. 134 del CPP, la etapa preparatoria  debe finalizar en el plazo máximo de seis meses  de iniciado el proceso, el que en su caso ya se cumplió, además de no haberse ampliado dicha etapa a solicitud expresa del Ministerio Público. De esta manera los recurridos al haberle negado la cesación de su detención preventiva y mantenerla privada de su libertad, han vulnerado sus derechos constitucionales a la libertad, debido proceso y a la presunción de inocencia, por cuanto en las diligencias realizadas por el Ministerio Público no se aportan pruebas contundentes que la incriminen en el hecho imputado.