SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1899/2004-R

III.1.1.  El amparo constitucional ha sido instituido como un recurso extraordinario   que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución y las Leyes, siempre que no existiera otra vía o recurso legal para dicha protección.

         El art. 11 de las Disposiciones Finales y Transitorias de la Ley de Municipalidades dispone: “Las personas que se encuentren prestando servicios a la Municipalidad, con anterioridad a la promulgación de la presente Ley, a cualquier título y bajo cualquier denominación, mantendrán sus funciones bajo las normas y condiciones de su contratación o designación original, ya sea bajo la protección de la Ley General del Trabajo o cualquier disposición legal pertinente. Los Gobiernos Municipales podrán incorporarlos en las categorías de empleados que establece la presente Ley”.

La jurisdicción especial del Trabajo y Seguridad Social se ejerce por  los  órganos judiciales señalados por el art. 6 del Decreto Ley (DL) 16896  de 25 de julio de 1979, teniendo competencia, de conformidad a su art. 9, “para decidir  las controversias emergentes de los contratos individuales y colectivos del trabajo, de la aplicación de las leyes de Seguridad Social, Vivienda de interés social, denuncias por infracción de leyes sociales y de higiene y  seguridad ocupacional (...) del desafuero sindical y otras materias y procedimientos señalados por ley”.