SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0176/2004/R

En la demanda presentada el 5 de noviembre de 2003 (fs. 58 a 60), el recurrente aduce que el 28 de  agosto de 2002, Teresa Zelada Vda. de Peredo, formalizó denuncia  en su contra atribuyéndole la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, por lo que se abrió el  caso 2685/02 a cargo de la Fiscal Rosmery Quiroz S., concluida la etapa preparatoria la misma dictó resolución de sobreseimiento el 23 de agosto de 2003 sobre la base de la prueba acumulada en el cuadernillo de investigaciones. Sin embargo el Fiscal del Distrito mediante Resolución 500/03 de 6 de septiembre de 2003, revocó dicha   resolución  requiriendo que la Fiscal asignada al caso presente acusación en su contra por el delito de uso de instrumento falsificado.

Alega que la referida resolución dictada por el Fiscal del Distrito, contraviene  el art. 6 del Código de procedimiento penal (CPP) en concordancia con el art. 16-1) de la Constitución Política del Estado (CPE) que establecen que la carga de la prueba corresponde a los acusadores y prohíbe  toda presunción de culpabilidad, añade que  la autoridad encargada de la investigación debe fundar su resolución de manera objetiva y no sólo estar convencida de manera subjetiva como lo hace el Fiscal recurrido creándole un estado de indefensión, toda vez que  desconoce una resolución jurisdiccional  que  declaró la prescripción de los delitos de falsedad material e ideológica y observa la falta de investigación de los mismos.