SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0310/2004-R

Su representado, como propietario de la movilidad indocumentada marca Toyota Marino, color Plomo, con motor 4AK276753, Chasis AE1015147665, modelo 1993, el 23 de febrero de 2002, fue interceptado por funcionarios del Control Operativo de Aduanas (COA) quienes incautaron la misma; a raíz de este hecho fue imputado formalmente ante el Juez Cautelar de la Provincia Quillacollo, donde el 7 de marzo de 2002, solicitó someterse al proceso abreviado, que fue admitido por la Fiscalía y la Aduana, por lo que el 22 de mayo de 2002, en audiencia se emitió Sentencia condenándolo a cumplir seis meses de reclusión por el delito de contrabando, pena que no cumplió por habérsele otorgado el perdón judicial, lo que dio lugar a que se revoquen las medidas sustitutivas a la detención y ordenara el decomiso definitivo del vehículo incautado para su posterior remate.

En el citado trámite, su poderdante nunca renunció al vehículo, por lo que el 30 de octubre de 2003, solicitó la nacionalización y devolución del mismo ante la Fiscalía de la Aduana, memorial que fue decretado el 31 de octubre del mismo año, ordenando la notificación del Gerente Regional de la Aduana de Cochabamba; sin embargo, hasta la fecha dicha autoridad no se ha pronunciado, pese a que el nuevo Código tributario y su Reglamento de transición autorizan la nacionalización de mercadería que ingreso hasta el 31 de diciembre de 2002, sin perjuicio de la fecha del instrumento que establece el cargo, entre los que se encuentran las Sentencias u otras ordenes judiciales y aunque el vehículo se encuentre en dependencias de la Aduana, conforme establecen las normas previstas por los arts. 27.9 y 28 del mencionado Reglamento, de modo que al no haber dado respuesta a su petición en un plazo razonable se vulneró su derecho constitucional, dejándolo en un estado de incertidumbre, por lo que interpone recurso de amparo constitucional.