SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0392/2004-R

El 30 de octubre de 2003, a pocos días de cumplir la gestión escolar, el Director y el Consejo de Profesores de la Unidad Educativa “San José Obrero” y con la presencia de un representante de la Junta Escolar, determinaron expulsarlos del colegio por un hecho ocurrido veinte días atrás en un domicilio particular, negándoles incluso, su ingreso al período de reforzamiento. Estas determinaciones les fueron comunicadas verbalmente y se les negó acceso al texto del informe y resolución, en las que existían -según conocieron luego debido a la intervención del Defensor del Pueblo- otras denuncias, sin que al efecto se hubiese recabado mayores informes o escuchado su versión. Conocidos los antecedentes desde el 5 de noviembre de 2003, por la Dirección Distrital de Educación, en lugar de reconsiderar la determinación, buscó reubicarlos en otra unidad educativa sin concretarla pues la Dirección del colegio certificó notas que no corresponden a su desempeño, además de haberse dado modos para trasuntar lo acontecido.

Ante la pasividad de la Dirección Distrital de Educación acudieron al Defensor del Pueblo y solicitaron que se realicen gestiones  tendientes a restablecer su condición de estudiantes, se fundamenten las calificaciones que se les asignó y les permitan el ingreso al periodo de reforzamiento para concluir la gestión, sin haber obtenido ningún resultado positivo.