SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0761/2004-R

III.2.   Como marco general para ingresar al análisis en concreto de la problemática planteada, es preciso señalar que la Ley de Organización Judicial es un cuerpo normativo de carácter general, aplicable a cualquier naturaleza de proceso, en la que se otorga al juzgador que tenga conocimiento de una causa la facultad de revisar de oficio los procesos a fin de detectar si los servidores de la administración de justicia han observado los plazos y las leyes que regulan la tramitación del proceso que les corresponde conocer, de modo que cuando el juzgador desarrolla dicha función y resuelve anular obrados, no está atentando contra ninguna norma procesal menos contra un derecho fundamental, siempre que ciertamente el vicio conste en obrados y que además esté sancionado con nulidad expresa mediante ley o lesione derechos y garantías reconocidos como fundamentales; pues, de no ser así, la anulación resulta insulsa y la decisión arbitraria, además de germinativa de retardación de justicia.