SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1110/2004-R

              Dentro de este marco normativo, el Tribunal Constitucional pronunció la SC 085/2004-R de 14 de enero, señalando que se conculcó “(...) además el debido proceso y derecho al trabajo reconocidos por los arts. 7.d) y 16 CPE, por cuanto no existe contra el recurrente Auto de Procesamiento Ejecutoriado, sentencia condenatoria ejecutoriada a pena privativa de libertad, ni pliego de cargo ejecutoriado, o sentencia judicial por responsabilidad civil contra el Estado, condiciones establecidas por los arts. 34.II) y 36.5) y 6) LM, para decidir la  suspensión temporal o definitiva, como en este caso. Estas normas son concordantes con los arts. 48 y 49 de la misma Ley, relativos a la  suspensión temporal o definitiva del  Alcalde Municipal; así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en su SC 858/2001-R, de 14 de agosto (...)”.