SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1257/2004-R

En la demanda presentada el 8 de abril de 2004 (fs. 113 a 117 vta.) así como en el memorial de cumple lo extrañado de 13 de abril (fs. 119), los recurrentes aducen que dentro del proceso civil ordinario sobre nulidad de garantía hipotecaria y reivindicación seguido por Ruth Fátima Flores contra el Banco Ganadero S.A., la actora solicitó peritaje y posteriormente el perito  Víctor Hugo Gil Ocampo, pidió  regulación de honorarios, por lo que el Juez dictó el Auto de 19 de octubre, condenando a la demandante como peticionante de la pericia al pago de $US11.511,80.- a tercero día, sintiéndose agraviada la actora interpuso el recurso de  reposición bajo alternativa de apelación contra dicha Resolución, el Juez, previo traslado al perito, negó el recurso de reposición concediendo el de apelación  por Auto de 16 de noviembre de 2002, recurso que radicó ante la Sala Civil Primera, que anuló la Resolución apelada y ordenó al Juez de primer grado dictar nueva resolución.

Refiere que posteriormente, a petición del perito, el Juez por Auto de 30 de mayo de 2003, reguló sus honorarios en la suma de $US3.837.- ordenando a ser cancelada por Ruth Fátima Flores de Escobar, por ser la parte que solicitó la pericia, quien interpuso el recurso de apelación impugnando el referido Auto, que fue concedido ante la Sala  Civil Primera de la Corte Superior de Justicia, que dictó el Auto de 4 de febrero de 2004 por el que dispone que al Banco le corresponde  cancelar la suma de $US1.918,50.- señalan que entendiendo que se tratara de una confusión solicitaron aclaración y enmienda que fue rechazada por el referido Tribunal con el fundamento  que el Auto es claro.

Alegan que el Auto de 4 de febrero de  2004, vulnera la seguridad jurídica y la cosa juzgada toda vez que el Juez a quo determinó que la suma de dinero por concepto del peritaje debe ser cancelada por  Ruth Fátima Flores de Escobar, por ser la parte que solicitó la pericia, que la condena al pago no ha sido apelada por lo que ha adquirido autoridad de cosa juzgada formal y que el Tribunal de apelación no puede revisarla y menos dictar una resolución contraria a lo juzgado, no puede pronunciarse sobre cuestiones que no han sido apeladas pues la apelante no cuestionó en su recurso quien debía pagar los honorarios periciales en consecuencia el Tribunal  superior no tenía por qué pronunciarse  de oficio sobre ese punto no contenido en la apelación, menos cambiar al sujeto pasivo de la obligación.