SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1318/2004-R

En  el escrito de 31 de mayo de 2004 de fs. 71 a 73, el  recurrente  manifiesta que sus representados adquirieron sus vehículos de procedencia argentina, cuyas características describe, y quienes acogiéndose a las disposiciones transitorias de la Ley 2492 del 2 de agosto de 2003, se sometieron al programa transitorio voluntario y excepcional a la regularización de vehículos suscribiendo el formulario 174/A, como lo demuestran por los documentos que adjuntan como prueba preconstituida, acreditando que depositaron los referidos vehículos en el recinto aduanero donde se realizó la inspección física de los mismos, el cálculo numérico y la pericia del revenido químico conforme se constata de la documentación aparejada como de los originales presentados, constando asimismo la certificación de 27 de abril expedida por DIPROVE de que no existe denuncia de robo sobre dichos vehículos, como el requerimiento del Fiscal adscrito a dicha entidad  por que se aprosiga con el trámite de nacionalización.

Añade el recurrente, que a pesar de haber cumplido con los requisitos exigidos en el procedimiento para la regularización de los  vehículos indocumentados, funcionarios de la Aduana sin ningún fundamento y simplemente con el argumento de que tienen que consultar a la ciudad de La Paz, actuando con total falta de respeto y sin explicación alguna han paralizado los trámites, haciendo caso omiso al requerimiento del Fiscal adscrito a DIPROVE, transcurriendo más de tres meses de que los vehículos se encuentran en el recinto aduanero, causando ello perjuicio por la demora injustificada. ES así que los funcionarios aduaneros con esta actitud arbitraria han vulnerado el derecho constitucional a la propiedad privada y al art. 1 de la Disposición Transitoria de la Ley 2492 que es el derecho a la nacionalización de los vehículos, así como el derecho al trabajo pues los vehículos constituyen sus herramientas de trabajo, lo que motiva interponga el presente recurso para que se restablezcan  y restauren los derechos de sus representados que son amenazados, restringidos y suprimidos, al no existir otro medio legal para hacerlos prevalecer.