SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1381/2004-R

El recurrente sostiene que las autoridades recurridas vulneraron sus derechos a la seguridad jurídica, al trabajo, a la remuneración justa, a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso, pues: I. El proceso disciplinario seguido en su contra concluyó con la Resolución de 192/2003 de 22 de octubre dictada por los recurridos miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional pese a que: a) el proceso se inició sobre la base de un informe y la actitud oficiosa del sumariante; b) el auto de procesamiento pronunciado en su contra se basó únicamente en el informe que determinó el inicio del proceso, sin desarrollarse ninguna investigación; c) el proceso estuvo a cargo de oficiales que no reúnen los requisitos exigidos por el RDSPN; d) las notificaciones practicadas se efectuaron por cédula y no en forma personal; e) no se probó las faltas atribuidas ni se dio a conocer la identidad del informante que lo incriminó; f) no fue convocado para declarar; y g) por la demora en la tramitación de la causa, se operó la prescripción de la acción. II. El co-demandado Comandante General de la Policía Nacional dispuso su baja sin derecho a reincorporación en cumplimiento de las resoluciones emitidas en dicho proceso disciplinario. Corresponde analizar si los hechos denunciados se encuentran dentro del ámbito de protección otorgado por el art. 19 de la CPE.