SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0063/2005-R

Las  recurrentes sostienen que los demandados han vulnerado el derecho a la libertad de su representado Alejandro Galindo Mérida, por cuanto al haberle concedido la fianza juratoria en sustitución de la personal y haber prestado el juramento respectivo, no libraron el mandamiento de libertad a su favor condicionándolo a la previa verificación de su domicilio y presentación del certificado de arraigo, sin considerar que está determinado tanto por el Código de procediendo penal, como por la jurisprudencia constitucional que tratándose de fianza juratoria no son requisitos que se exigen sean cumplidos previamente por el beneficiado, sino obligaciones que cumplirá una vez obtenida su libertad, como ocurre con su representado. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión si tales extremos son ciertos y si se justifica otorgar la tutela que brinda el art. 18 de la  CPE.