SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0063/2005-R

III.1. En el caso examinado se constata que dentro del proceso penal seguido contra Alejandro Galindo Mérida, representado por las recurrentes, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, solicitó la cesación de su detención preventiva al haber transcurrido más de dos años sin que exista sentencia de primera instancia, la que concedida se le aplicó medidas sustitutivas de arraigo, presentación periódica y fianza económica de Bs10.000.-, que no se efectivizaron ante la imposibilidad de su cumplimiento, pidiendo por ello posteriormente la sustitución de la fianza económica por la juratoria, petición que motivó se sustituya la fianza económica por la personal de dos garantes manteniendo las otras medidas que tampoco pudo cumplir,  reiterando su solicitud de concesión de fianza juratoria a su favor, y que fue modificada por la presentación de un garante personal.

De la misma manera ante la imposibilidad de su cumplimiento, y nueva solicitud de sustitución, logró que en la audiencia de 17 de noviembre de 2004 se le otorgue fianza juratoria a cuyo efecto prestó el respectivo juramento comprometiéndose a cumplir con las condiciones de comparecer ante la autoridad las veces que sea requerido, concurrir a audiencias debates y cuanta actuación procesal corresponda a ley y no cambiar el domicilio que constituirá a ese efecto ni ausentarse del país, sin previa autorización del Juez de la causa; disponiendo la autoridad jurisdiccional en el Auto de la misma fecha que el mandamiento de libertad sería librado una vez que el beneficiado acompañe el certificado de arraigo y se notifique al Juzgado de Ejecución Penal para que proceda a la verificación del domicilio del procesado.