SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1260/2005-R

III.2. Con carácter previo al análisis del fondo de la problemática planteada, corresponde señalar que, con relación a la protección del derecho a la propiedad privada a través del amparo constitucional, en los casos en los que sea vulnerado por actos ilegales de hecho, este Tribunal Constitucional ha establecido dos sub reglas que permiten activar la vía tutelar de manera inmediata: 1) el derecho a la propiedad debidamente demostrado y no cuestionado, lo que significa que el recurrente debe acreditar plenamente su derecho de propiedad sobre el inmueble, cuya titularidad no esté cuestionada ni se encuentre en litigio; y 2) la evidencia, tampoco controvertida, de que los recurridos no estaban en posesión del bien inmueble sino que con acciones violentas (de hecho) ocuparon la propiedad privada de los recurrentes, lo que significa que las personas a quienes se acusa de haber lesionado el derecho a la propiedad privada no tengan constituido legalmente el derecho posesorio, sino que a través de actos de hecho tomen la posesión de la propiedad privada despojando a sus verdaderos propietarios. Entendimiento jurisprudencial desarrollado en la SC 944/2002-R, de 5 de agosto, entre otras.

Las subreglas referidas se aplican como una excepción a la regla del principio de subsidiariedad que rige el amparo constitucional, tienen su sustento jurídico en la constatación de que, si bien es cierto, que en caso de existir acciones ilegales de hecho que avasallen el derecho a la propiedad privada de las personas, éstos podrían ser restituidos mediante otras vías legales ordinarias, no es menos cierto, que ante una situación ilegal de hecho por el que se despoja un bien inmueble impidiendo el ejercicio del derecho propietario, dada la naturaleza jurídica de las vías legales ordinarias, se podrían generar daños irreparables o irremediables. Asimismo, se entiende que las dos subreglas anotadas son concurrentes entre sí, toda vez que deben darse los dos supuestos a efecto de hacer viable la protección que brinda el amparo constitucional.