SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1325/2005-R

III.1. Antes de ingresar al análisis de los actos denunciados como lesivos a los derechos fundamentales de la recurrente, es necesario señalar que este Tribunal Constitucional, en el marco de sus específicas funciones, a través de su jurisprudencia que tiene carácter vinculante, ha delimitado los alcances de la tutela que brinda el amparo constitucional con relación a la interpretación de la legislación ordinaria; así en la SC 1140/2005-R, de 19 de septiembre, sistematizando la jurisprudencia sobre la interpretación errónea de la ley, ha establecido la siguiente doctrina jurisprudencial:

“Al respecto, conviene recordar los lineamientos asumidos en la jurisprudencia constitucional sobre la interpretación de la legalidad ordinaria, así recogiendo la doctrina constitucional sobre este aspecto este Tribunal en su SC 50/2005-R, de 19 de enero, ha establecido lo siguiente: '(…) el progreso de la jurisprudencia constitucional, con referencia al alcance del recurso de amparo, en similares casos en los que se exigía a la jurisdicción constitucional examinar la interpretación realizada por la jurisdicción ordinaria de las normas jurídicas, en la SC 1031/2000-R, de 6 de noviembre, estableció que: '(...) dentro de un recurso de amparo constitucional no corresponde a este Tribunal juzgar el criterio jurídico con el que el Tribunal de apelación, hoy recurrido, interpretó el art. 184 del Código de procedimiento civil para fundar su resolución, de hacerlo estaría saliendo del marco de su competencia para invadir otra jurisdicción, pues conforme al objeto del Recurso de Amparo corresponde verificar si los hechos ilegales denunciados restringen, suprimen o amenazan suprimir los derechos y garantías de los recurridos reconocidos en la Constitución y las leyes (...)'; entendimiento que ha evolucionado hasta que en la SC 1846/2004-R, de 30 de noviembre, reiterando que la labor interpretativa de las normas legales ordinarias le corresponde a los jueces y tribunales ordinarios, se estableció el canon de constitucionalidad en esa interpretación, manifestando la siguiente doctrina jurisprudencial: 'Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales' (…)'.

”Conforme el entendimiento referido por la jurisprudencia glosada precedentemente, la SC 792/2005-R, de 18 de julio desarrollando la subregla de aplicación de la interpretación de la legalidad ordinaria esbozada en una Sentencia Constitucional anterior, precisó el alcance del esta acción tutelar en situaciones en las que se exige a la jurisdicción constitucional examinar la interpretación realizada por la jurisdicción ordinaria, en ese sentido la citada Sentencia señaló: