SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1389/2005-R

El recurrente denuncia que los vocales recurridos vulneraron el derecho a la libertad de su representada, ya que en apelación pronunciaron la Resolución 510/05 de 22 de septiembre de 2005, que confirmó el Auto del inferior que rechazó la solicitud de la referida de cesación de la detención preventiva, sin considerar para el efecto los alegatos y la prueba presentada, de ese modo  no consideraron la declaración jurada como elemento probatorio para demostrar el domicilio de la imputada tampoco se refirieron a los certificados domiciliarios acompañados que cumplen con las formalidades legales menos consideraron el Acuerdo de Cartagena que posibilita el ingreso de ciudadanos ecuatorianos a Bolivia con la sola presentación de la cedula de identidad, por el contrario demostraron absoluto desconocimiento de una ley nacional; finalmente la Resolución viola el principio de la “No Reformatio in Peius”  (sic) puesto que afirma que persistía el peligro de fuga y obstaculización cuando el Auto impugnado sólo hizo referencia al peligro de fuga. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos demandados son evidentes y si merecen la protección que brinda el art. 18 de la CPE.