SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1407/2005-R

El 23 de julio de 2004, cuando se encontraba trabajando haciendo transcripciones en la oficina de la calle Yanacocha 428, piso 2, oficina 5, fue sorprendida por agentes de la Policía Técnica Judicial (PTJ) y la Fiscal recurrida, quienes allanaron su lugar de trabajo, y forzando las gavetas de su escritorio procedieron a requisar y secuestrar toda la documentación que se encontraba en el lugar, actuando con prepotencia y violencia extrema; además, le tomaron fotografías como a una delincuente acusándola de realizar actos ilícitos, mellando su integridad de mujer así como la de su hijo, que está por nacer. Ante esta situación, preguntó si existía alguna orden judicial, pero se le respondió que no era necesaria, a lo que explicó que sólo estaba realizando transcripciones y que los documentos no eran suyos sino de terceras personas, pero pese a ello fue posteriormente conducida a las oficinas de la PTJ, donde fue detenida sin explicación alguna hasta las 3 de la madrugada aproximadamente del día siguiente sin que se le tomara su declaración informativa, ignorándose que se encontraba embarazada de 7 meses.

No obstante dichos actos, la recurrida de forma abusiva repetidamente le sindicó de ser culpable del delito que se le imputaba, e impidió que sea asistida por un abogado. Luego la condujo ante el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal cautelar en suplencia legal del Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, ante quien arbitrariamente presentó imputación formal en su contra por los delitos de falsedad material, estafa y uso de instrumento falsificado. Es más posteriormente, presentó acusación formal en su contra presentando documentos incautados ilícitamente e infringiendo sus derechos como lo señaló el Juez cautelar referido en la Resolución 119/2004, de 24 de julio.