SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1603/2005-R

El recurrente alega como vulnerados los derechos a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la garantía del debido proceso, al principio de legalidad, a la libertad y a la dignidad de él y de su representada por cuanto: a) la acusación fiscal y particular son contradictorias en cuanto a las personas, imputadas, pues la primera sólo acusa a Alberto Álvarez Gutiérrez y la segunda incluye a Nelly Vargas de Álvarez; b) no se observó el art. 346 del CPP, al no habérsele explicado el hecho imputado y la advertencia de que podían abstenerse de declarar; c) el estudio pericial presentado como prueba por el Ministerio Público fue efectuado en otro juicio civil, es decir no fue propuesto y designado por el Fiscal en el proceso que se sustanció; d) no se tomó juramento al perito, por lo que carece de eficacia probatoria, a tenor del art. 172 del CPP; e) la Sentencia condenatoria adolece de defectos, toda vez que impuso la pena para ambos esposos, no obstante que la acusación fiscal fue dirigida sólo contra uno de ellos, debiendo haber sido dictada contra el acusado y no contra ambos. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales extremos son ciertos y si ameritan o no la protección que brinda el art. 18 de la CPE.