SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1650/2005-R

El actor arguye que no obstante que sus representadas han acreditado tener familia, trabajo y domicilio en el país, las autoridades demandadas, ignorando el principio de la reformatio in peuis, han confirmado la Resolución que rechazó el pedido de cesación de su detención preventiva, lo que constituye una lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa y la garantía del debido proceso. Corresponde analizar, en revisión, si en el caso presente de debe o no otorgar la tutela que brinda el art. 18 de la CPE.