SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1694/2005-R

Por memorial presentado el 21 de noviembre de 2005, cursante a fs. 1 y vta., la recurrente expresa que el 16 de noviembre, cuando se encontraba en su domicilio de la ciudad de Riberalta fue aprehendida por policías que fueron de Cobija con una orden de aprehensión expedida por el Fiscal que no le mostraron, lo que dio lugar a que se encuentre detenida e incomunicada en celdas de la policía de Riberalta para luego ser trasladada en bus hasta Cobija no obstante la recomendación médica de no viajar por riesgo del estado de embarazo. Luego de prestar su declaración ante el Fiscal, le llevaron con una imputación por el delito de robo ante el Juez recurrido, y antes de que se considere la imputación formal y la medida cautelar presentada por el Fiscal, le expresó que su detención fue ilegal sobre la base de un mandamiento expedido en forma irregular e ilegal, sin considerar que no se cumplían en su caso los requisitos establecidos por el art. 226 del Código de procedimiento penal (CPP), que deben ser concurrentes, ya que el mínimo legal del delito de robo es de un año y la norma referida exige un mínimo igual o superior a dos años, por lo que previamente debió procederse a su citación conforme al art. 224 del CPP; asimismo, le indicó la norma violada y que ninguna autoridad tiene facultad de aprehender a una persona sin guardar las formalidades previstas por la Constitución y las leyes, motivo por el cual fue detenida con un mandamiento expedido ilegalmente.

El Juez recurrido ante lo señalado, concluyó que el mandamiento era legal y fue expedido por autoridad competente, y como la presentaron en el plazo legal de veinticuatro horas, todas las actuaciones eran legales, sin considerar los requisitos exigidos por el art. 226 del CPP para expedir la orden de aprehensión, obviando su función de velar que esa etapa se realice sin excesos ni actos arbitrarios por las autoridades correspondientes, no pudiendo fundar su resolución sobre la base de actos ilegales y tratar de legitimarlos si violan garantías constitucionales. En este caso, el Juez recurrido legitimando los actos ilegales de la aprehensión dispuso su detención domiciliaria, por lo que plantea el presente recurso.