SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1707/2005-R
Fecha: 19-Dic-2005
II.5.
II.5. El 18 de abril de 2005, el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, Hernán Mendoza Iriarte rechazo la solicitud de cesación de detención preventiva presentada por el imputado Gary Herrera Egüez, manteniendo en todas sus partes el Auto de 3 de diciembre de 2004, con el fundamento que los elementos que acreditó la defensa del imputado no son suficientes para desvirtuar los que fundaron la detención del procesado agregando a ello la peligrosidad del mismo y tomando en cuenta que ha sido objeto de varios otros procesos (fs. 303 a 307). Planteada en la misma audiencia la apelación el Juez dispuso su remisión ante el superior en grado, de lo informado por el Juez recurrido se tiene que el trámite de apelación fue devuelto por el superior en vista a encontrarse incompleto y que subsanada tal observación fue elevado nuevamente.
- recurso de hábeas corpus
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- a)
- i)
- procedente
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.2.
- estos deben ser utilizados, previamente
- se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus".
- III
- III.4.
- III.5.
- el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.
- todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad
- El art. 54.1 del CPP, establece que los jueces instructores son competentes para ejercer el control de la investigación y, por tanto, es la autoridad llamada por Ley a conocer las presuntas vulneraciones de los derechos y garantías del imputado. Así, en cuanto al derecho a la libertad, el Código dispone que una vez aprehendido el imputado, éste debe ser remitido por el Fiscal ante el Juez cautelar dentro del plazo de veinticuatro horas (arts. 226 y 303 del CPP), y si el fiscal no requiere en dicho plazo,
- medio de defensa expreso, idóneo, expedito y eficaz