SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0124/2005-R

      El recurrente sostiene que los demandados han vulnerado su derechos a la seguridad jurídica, al trabajo y a la propiedad,  pues es legítimo propietario del vehículo que ha sido ilegal e indebidamente secuestrado sin orden de autoridad competente, pues si bien en febrero de este año lo transfirió a Roberto y Andres Colque Quispe, mediante documento privado de subrogación de deuda con el Fondo Financiero Privado donde se encuentran los documentos originales de dicha movilidad por haber sido ofrecida como garantía hipotecaria, al no cumplir los compradores con el pago a la entidad financiera, con su aquiescencia lo recuperó después de cuatro meses. Empero ante la denuncia formulada en su contra por el supuesto robo de su vehículo, el Fiscal no le devuelve su movilidad pretendiendo crear una figura delictiva que no existe, sin considerar el daño y perjuicio que le ocasiona. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son ciertos y si se justifica otorgar la tutela que brinda el art. 19 de la CPE.