SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0155/2005-R

En el escrito presentado el 10 de septiembre de 2004 (fs. 53 a 62 vta.), subsanado por el de fs. 105 a 106 vta., el recurrente arguye que el 9 de septiembre de 1999, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros determinó la intervención de la Compañía Bolívar S.A. de Seguros, asumiendo las facultades de la Junta General de Accionistas y del Directorio con el objeto de precautelar los intereses de los 22.367 asegurados.

Indica que como efecto de dicha intervención, la mencionada Superintendencia convocó a licitación de la cartera del seguro de defunción (entierro) de Bolívar S.A. en liquidación, adjudicándose el 26 de diciembre de 2001 a Servicios de Sepelio San Agustín S.R.L., pero a la fecha existe el riesgo de paralizar la atención de ese servicio de defunción por falta de protección y seguridad jurídica a los asegurados, pues esa Superintendencia viene incumpliendo en forma permanente e irresponsable las obligaciones que emergen del contrato de administración de cartera y prestación de servicios al no liberar los activos seleccionados que respaldan la cartera de defunción.

Agrega, que a la suscripción del contrato de 3 de enero de 2002, la Superintendencia se comprometió a efectuar la liberación de los activos seleccionados en un plazo no superior a cuarenta y cinco días, y el 19 de junio de ese año se suscribió la minuta de transferencia de los activos liberados, documento que sin embargo no se pudo perfeccionar en Derechos Reales a favor de San Agustín S.R.L. por la falta de pago de impuestos de la parte interventora, que pese al transcurso de dos años y ocho meses, el ente fiscalizador no ha rectificado las anomalías impositivas, de manera que hasta la fecha no se ha cumplido ninguna de las liberaciones a las que se refiere el contrato de 3 de enero de 2002.