SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0316/2005-R

III.3. En el caso examinado, por los antecedentes que informan el proceso, se evidencia que en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Okinawa correspondiente al 21 de junio de 2004, se consideró la sugerencia de que el Concejal. Miguel Olivera, hoy recurrente, pase a la Comisión de Ética ante supuestos hechos irregulares;  una semana después (28 de junio), se presentó el proyecto de Resolución referido al inicio del proceso interno y recién en la sesión del  30 de ese mes, el Concejo Municipal aprobó la Resolución 025/2004 a través de la cual se dispuso la apertura de un proceso en la vía sumaria administrativa contra el actor; en cuyo mérito, en función de lo dispuesto por  el citado art. 35.I y II de la LM, la Comisión de Ética debió proceder a la correspondiente citación a la autoridad involucrada en la denuncia y el Auto de apertura del proceso.

Sin embargo, del análisis de los antecedentes es posible apreciar que en la sustanciación del proceso de referencia se produjeron varias irregularidades, figurando entre ellas el hecho de  que  el 23 de junio de 2004, el Secretario de la Comisión de Ética informó extrañamente que en esa fecha  procedió a citar con el Auto de apertura de proceso al Concejal Miguel Ángel Olivera Medrano,  es decir siete días antes de que el Concejo Municipal disponga la apertura de proceso contra el actor. Por otra parte, las autoridades recurridas no han acreditado que se hubiera dictado el Auto de apertura de proceso y menos, el hecho de haberse procedido a la apertura del período de prueba, conforme determina  el art. 35.III de la LM.

A lo señalado se suma el hecho de que la determinación de suspender al actor fue adoptada por los Concejales demandados en la sesión ordinaria de 21 de julio de 2004; sin embargo, este punto no está consignado en el orden del día; prueba de ello, es que en forma irregular, el tema fue considerado en el punto referente a “Audiencia con el Comité de Vigilancia”.