SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0737/2005-R

El recurrente ratifica la demanda y amplía la misma señalando que de acuerdo a los antecedentes que informan el proceso: 1) el autodenominado Defensor de Oficio manifestó expresamente en su alegato que no ha realizado ningún acto de defensa ni ha asistido a inspecciones por falta de dinero; 2) el informe emitido por la oficina de Derechos Reales establece que existe una hipoteca a favor de “COVIPOL” que grava el inmueble de su propiedad; 3) el informe de la Dirección Nacional de Identificación acredita que su vivienda está en la calle Peñalosa 348, zona Villa Victoria, y aún así, no se le ha notificado con la demanda; 4) existe otros documentos más, que acreditan que él es el único propietario, que su título está registrado en Derechos Reales y tiene pagados los impuestos a la Alcaldía, así como el plano del lote está aprobado por esta  entidad.

La autoridad recurrida informa: 1) en el Juzgado Primero de Partido en lo Civil a su cargo, se llevó hasta su conclusión un proceso de usucapión extraordinaria de un lote de terreno de 500 m² ubicado en la zona de Santa Rosa de la ciudad de El Alto, proceso seguido por Luís Llusco Apaza y Rufina Vera de Llusco en contra de los herederos de Lorenzo Callisaya Nina quien habría sido el vendedor del lote, lo que se verificó a través de una minuta adjunta a la demanda que se admitió al estar acreditado el fallecimiento del vendedor; 2) indicada en la demanda que se desconoce el domicilio del demandado, fue dispuesta su citación mediante edictos y al no haber respuesta en el plazo legal se designó inicialmente Defensor de Oficio a Álvaro Melgarejo, luego a Fernando Torrelio y posteriormente a Simón Chipana tramitándose el proceso hasta dictarse sentencia; 3) luego de anularse obrados por el Tribunal de alzada por considerarse que habían defectos en el memorial de apersonamiento del Defensor de Oficio y nuevamente radicado el proceso en el Juzgado a su cargo, Simón Chipana fue notificado con la radicatoria, por lo que éste se apersonó y respondió la demanda trabándose la relación procesal y continuado el proceso donde se aportó los elementos de prueba; 4) mediante Sentencia 240/2003, de 7 de septiembre se declaró probada la demanda, la misma que posteriormente fue declarada ejecutoriada.