SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0896/2005-R

El actor alega que  las autoridades recurridas han vulnerado el derecho a la seguridad jurídica, la obligación de cumplir la Constitución y las leyes, el derecho a la defensa, la garantía del debido proceso y el principio que nadie está obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no mande, ni a privarse de lo que ellas no prohíban, al haber confirmado el pliego de condiciones ilegalmente elaborado en el licitación pública de la  que surge el presente recurso.  En ese sentido, corresponde, en revisión, analizar si en la especie se debe otorgar la tutela pretendida.