SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1190/2005-R

III.3. Resuelto como se encuentra el presente recurso de amparo, conviene dejar claramente establecido que si bien la subsidiariedad del amparo tiene una excepción que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional procede la tutela demandada aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución; empero, es necesario que para que dicha excepción proceda, quien recurre de amparo debe demostrar en forma fehaciente e indubitable la inminencia de ese eventual daño irreparable probando que los actos que se denuncian como ilegales causarán daño irreparable que no podrá ser subsanado por otros medios o recursos ordinarios, situación que no se ha dado en el presente caso, en el que la recurrente invoca la protección inmediata de sus derechos y garantías de acuerdo al marco establecido por la norma prevista por el art. 94 de la LTC toda vez que la entidad coactivante ya tiene adjudicado su bien inmueble y pretendería llevar adelante un cambio de nombre y consecuente desapoderamiento, pero - se reitera- la actora no ha probado el daño irreparable e irremediable que le causarían los actos denunciados de ilegales, así como tampoco ha demostrado que el mismo no podría ser subsanado por no existir los medios o recursos ordinarios para ello o, que de existir los mismos, no le asegurarían la inmediatez y eficacia necesaria en la protección frente a un inminente e irreparable daño