SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0001/2006-R

El recurrente solicita tutela a sus derechos a la libertad física, de locomoción y a la garantía del debido proceso, consagrados en los arts. 6.II, 7 inc. g) y 16.IV de la CPE, denunciando que fueron vulnerados por las autoridades recurridas, puesto que el 7 de enero de 2005 fue notificado con la imputación formal en su contra por el delito de parricidio, para luego en audiencia pública de medidas cautelares disponerse su detención preventiva; el 8 de julio de 2005 se cumplieron los seis meses de la etapa preparatoria prevista sin que el Fiscal hubiese realizado ningún acto conclusivo, por lo que el Juez cautelar efectuó la conminatoria para que en el plazo de cinco días el Ministerio Público presente algún acto conclusivo, hecho que no ocurrió, y al contrario la Fiscal adscrita al caso fundándose en una actuación ilegal, presentó ampliación de la imputación formal en contra de su esposa y su hermana, incurriendo en defectos procesales absolutos previstos en el art. 169 inc. 1), 2) y 3) del CPP, lo que impedía el nuevo cómputo del plazo de la etapa preparatoria por razón de la ampliación de la imputación, por lo que el Juez cautelar por Resolución 229/05 dispuso la extinción de la acción penal; sin embargo, los vocales recurridos en apelación y mediante Auto de Vista 270/05 revocaron la Resolución de extinción de la acción disponiendo la prosecución de la etapa preparatoria del juicio, sin considerar las irregularidades cometidas en la ampliación de la imputación, además que se notificó a su persona con la misma cuando ya habían transcurrido seis meses y trece días y a la fecha de  Resolución de la extinción de la acción habían transcurrido siete meses y once días de etapa preparatoria sin acto conclusivo alguno; aclara que la Resolución impugnada incide directamente en su libertad pues no se dejó sin efecto la medida cautelar aplicada en su contra y en la actualidad se encuentra detenido diez meses sin ampliación de la etapa preparatoria, sin acusación y mucho menos juicio. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales de la representada del recurrente, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.