SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0036/2006-R

El recurrente solicita tutela a los derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso de su mandante, consagrados en los arts. 7 inc. a), 16. II y IV de la CPE, denunciando que fueron vulnerados por la autoridad recurrida, puesto que, según afirma, ante la demanda de homologación de acuerdo transaccional de asistencia familiar planteada en contra de su representado, éste interpuso excepción de prescripción; sin embargo, el Juez recurrido sin considerar dicha excepción dictó Resolución de 16 de mayo de 2005, ordenando la aplicación retroactiva del acuerdo, vulnerando los derechos de su mandante, pues no se siguió el trámite señalado por las normas previstas por los arts. 63 y 64 de la LAPCAF, además que la Resolución impugnada carece de fundamento legal y es nula de pleno derecho al no haberse pronunciado sobre la prescripción, homologando lo solicitado por la parte actora sin mencionar siquiera el porque no se acogía a la pretensión de la excepción opuesta; además de ello en lugar de ordenar el pago de la liquidación y el embargo de bienes de su mandante libró en forma automática mandamiento de apremio, constituyendo éste un daño inminente e irreparable al implicar la pérdida de la libertad de su mandante, máxime si dicho mandamiento fue expedido con habilitación de días y horas inhábiles. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del representado del recurrente, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.