SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0049/2006-R

El recurrente solicita tutela de sus derechos a la seguridad jurídica, a la petición y a la propiedad privada consagrados en el art. 7 incs. a), h) e i) de la CPE, que considera fueron vulnerados por el recurrido en el trámite de nacionalización de su vehículo, dado que no obstante que dicho vehículo fue reportado como robado en la República de Argentina, mediante Resolución de 8 de marzo de 2005 el Fiscal Adjunto a la Aduana determinó que el registro de robado del vehículo fuera borrado; orden que como interesado pidió que sea notificada a los directores nacionales de DIPROVE y del RUAT; empero, por decreto de 30 de abril de 2005, el recurrido paralizó el trámite de nacionalización de su vehículo arguyendo instrucciones del Fiscal de Distrito, hasta que existan otras. En consecuencia, en revisión de la Resolución de la Jueza de amparo, corresponde dilucidar, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del recurrente, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.