SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0990/2006-R

La recurrente señala como lesionado su derecho a la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso, por cuanto dentro del proceso ejecutivo instaurado por ella contra Casimira Mamani de Dueñas, el Juez Primero de Instrucción en lo Civil anuló obrados por no haber el perito evaluador prestado el juramento previsto por ley y apelada que fue, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial, confirmó el fallo, acto jurisdiccional que le causa perjuicio y atenta contra el principio de economía procesal, toda vez que, el juicio llegó hasta el estado de la adjudicación en el 80% de la última base, no correspondiendo la nulidad al no afectar las formas esenciales del proceso ni el orden público, estando además la nulidad prevista expresamente en el Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, corresponde determinar si los hechos demandados se encuentran dentro del ámbito de protección otorgado por el art. 19 de la CPE.