SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1174/2006-R

III.1. El amparo constitucional ha sido instituido por el art. 19 de la CPE, como un recurso extraordinario que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de funcionarios o particulares que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona reconocidos por la Constitución y las leyes, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de esos derechos y garantías.

En desarrollo de la norma constitucional antes aludida, y dado el carácter subsidiario del amparo constitucional, el art. 96. 3) de la LTC establece entre las causales de improcedencia del recurso de amparo: “Las resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser modificadas o suprimidas aún cuando no se haya hecho uso oportuno de dicho recurso”; es decir, que dentro de cualquier proceso judicial o administrativo, la eventual lesión a un derecho o garantía en lo concreto debe ser conocida y resuelta, en primer lugar, si cabe, por la autoridad que conoce y sustancia la causa y sino, cuando la norma así lo indica, por el superior en grado, y sólo cuando se hayan agotado todas las instancias previstas legalmente y a pesar de ello persistiera la presunta lesión, esta vez con evidente lesión a un derecho fundamental o garantía constitucional, recién podrá acudirse al recurso de amparo constitucional.