SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0374/2006-R

La recurrente solicita tutela a los derechos de su mandante a la seguridad jurídica y a la petición, consagrados por el art. 7 incs. a) y h) de la CPE, denunciando que fueron vulnerados por la autoridad recurrida puesto que por Resolución de 9 de marzo de 2005 se dispuso la prosecución administrativa de la nacionalización de un vehículo declarado por su representado dentro del programa de regularización de vehículos indocumentados; sin embargo, dicha situación no se dio, por lo que mediante carta notariada de 26 de abril de 2005 se solicitó al Fiscal recurrido concluir con el procedimiento de nacionalización, pero esa autoridad emitió como respuesta el decreto de “10 de mayo” de 2005 indicando que en mérito a las instrucciones emanadas por el Fiscal de Distrito los casos referidos a la nacionalización de vehículos con reporte de robo en el extranjero radicados, diligenciados e investigados en esa oficina debían paralizarse en su tramitación en tanto emerjan los lineamientos y directrices de orden legal de instancias jerárquicamente superiores; por tanto, el Fiscal recurrido emitió una Resolución arbitraria incurriendo en omisión indebida al no disponer el cumplimiento de la Resolución de 9 de marzo de 2005. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos a los derechos del representado de la recurrente, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.