b)
b) En efecto, la garantía constitucional del voto cualificado de 2/3 opera a favor de los imputados y no está dirigida a asegurar, como erróneamente sostienen los recurrentes, que la sesión del Congreso concluya con la autorización del Juicio, sino, que tiende a evitar que se trasladen a sede judicial, confrontaciones políticas, utilizando de este modo a la justicia penal como medio para destruir al rival político-partidario. Muy por el contrario, la exigencia constitucional de los 2/3, como se dijo, opera a favor de los imputados y está concebida bajo la idea de que la autorización sea el producto de un nivel de convicción de consenso, en el seno del Parlamento, sobre la concurrencia de suficientes indicios de que existen hechos delictivos y de que las autoridades acusadas son con probabilidad responsables de tales delitos; evitando así que prime la instrucción del partido en desmedro de las pruebas, que son las que deben compulsarse para la decisión que se tome.