SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0825/2007-R

III.2. Establecida la naturaleza de esta acción tutelar, corresponde determinar los        alcances de la protección que brinda el hábeas corpus respecto a las causales    que originan el proceso indebido y que han sido establecidas a partir de la SC    0024/2001-R de 16 de enero y reiteradas por las SSCC 1956/2004-R,         1972/2004-R y otras, en las que se señala que: “(…) la protección que brinda el      art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se refiere, no           abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a        aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la    libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o      supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19        constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación           inmediata del acto o la omisión ilegal”.

          En este marco, el procesamiento indebido al que se refiere la norma prevista      en el art. 18 de la CPE, debe estar siempre vinculado a los derechos bajo           protección de este precepto; vale decir, que deben denunciarse actos dentro          de un proceso que afecten ya sea restringiendo o suprimiendo los derechos a      la libertad física o de locomoción; en los demás casos, el procesamiento    indebido deberá ser denunciado en principio ante la autoridad que está dando          lugar al mismo, o ante la instancia superior y en caso de no lograrse su     reparación, ante la jurisdicción constitucional, pero mediante otro recurso        extraordinario, cual es el recurso de amparo constitucional que tiene dentro de su ámbito de tutela todos los demás derechos reconocidos como   fundamentales, a excepción del derecho a la libertad física.