AUTO CONSTITUCIONAL 0139/2007-RCA

Al respecto si bien la misma SC 1337/2003-R, referida a las reglas y subreglas de aplicación del principio de subsidiariedad del recurso de amparo constitucional, estableció que: “Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución”, de lo que se establece que la subsidiariedad del amparo constitucional tiene una excepción que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional procede la tutela demandada aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución; sin embargo, no es menos evidente que para la procedencia de dicha excepción es necesario que, quien recurre de amparo debe demostrar en forma incuestionable la inminencia de ese eventual daño irreparable, es decir, que debe acreditarse que los actos que se denuncian como ilegales causarán daños insalvables que no podrán ser subsanados por otros medios o recursos ordinarios, situación que no concurre en el presente caso, toda vez que el recurrente no ha demostrado dicho extremo para aplicar la excepción al principio de subsidiariedad pese a las apelaciones presentadas y pendientes por resolver, así como tampoco explicó que los recursos interpuestos -que se encuentran en trámite- no aseguren la inmediatez y eficacia necesaria en la protección de sus derechos, ante un inminente e irreparable daño, más al contrario del acta de verificación cursante a fs. 409 (anexo 3), se concluye que si bien el inmueble está acondicionado para la actividad de una unidad educativa, el colegio no esta en funcionamiento y que el inmueble es utilizado por Víctor Zeballos como vivienda.