SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0347/2007-R

III.1. A fin de dilucidar adecuadamente la problemática planteada corresponde recordar que sobre la falta de pruebas y los supuestos en los que es posible ingresar al análisis del recurso de hábeas corpus, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 1966/2004-R de 17 de diciembre, entre otras, ha establecido que:

“Si bien es cierto que el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una Resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión”.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha establecido excepciones a la regla antes aludida en los casos en los cuales la autoridad recurrida no desvirtúa ni niega los extremos denunciados en el recurso de hábeas corpus, ya sea por no concurrir a la audiencia ni prestar su informe de ley, pese a su legal citación, o cuando asistiendo a la audiencia o prestando el informe, confirma los actos ilegales demandados.

En ese sentido,  la SC 1164/2003-R de 19 de agosto, en una problemática en la que no se adjuntó prueba al recurso de hábeas corpus, el Tribunal Constitucional señaló que: “(...) Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (...)”.

Ese razonamiento también fue utilizado en la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, en la que se señaló que: ”(…) al interponer un recurso de hábeas corpus, el recurrente está obligado a presentar la prueba respectiva para demostrar la lesión a su derecho a la libertad física cuya restricción denuncia, no es menos cierto que a esa regla se impone la excepción para aquellos supuestos en los que, dada la naturaleza de la restricción y las circunstancias en las que se produce (…)”