SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0627/2007-R

Antes de ingresar a la temática de fondo del presente recurso, corresponde recordar, que la jurisprudencia contenida en las SSCC 1911/2004-R, 0802/2005-R, 0842/2005-R, 1669/2005-R, -entre otras-, refiriéndose a la naturaleza del amparo constitucional, determinó que: “…el constituyente estableció el recurso de amparo constitucional, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de la persona, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos, lo que le otorga carácter subsidiario; en ese contexto, al Tribunal Constitucional en el marco de las atribuciones conferidas por el art. 120 de la CPE y la Ley del Tribunal Constitucional, no le está asignada en ninguna de ellas, la atribución de ejecutar determinaciones o fallos pronunciados por otros órganos o tribunales, toda vez que deben ser estas mismas instancias las que con facultad y competencia propias asignadas por Ley, las que deban ejecutar y hacer cumplir sus resoluciones”. (las negrillas son nuestras)