Sentencia: 1090/2010-R

De acuerdo al problema jurídico resumido en el primer punto de la presente disidencia, el actual accionante denunció que los Ministros demandados, a momento de disponer no haber lugar a la extinción de la acción penal,  no consideraron que la dilación del proceso fue de responsabilidad de las autoridades de cada instancia, y que los recursos interpuestos no pueden ser concebidos actos dilatorios.

Delimitado el análisis en la falta de consideración -por parte de los Ministros demandados- de los actos dilatorios del Ministerio Público y del Órgano Judicial, y en el hecho de haber fundado la resolución en los recursos presentados por el actual accionante, la Sentencia que motiva la disidencia debió centrar su análisis en la comprobación de la denuncia formulada, analizando si efectivamente dicha Resolución realizó una evaluación integral de los actos dilatorios y si explicaron de manera razonable los motivos por los cuales las autoridades demandadas concluyeron que los medios de impugnación presentados por la representada del recurrente fueron dilatorios.

Dicha comprobación no supone analizar las causas de la dilación del proceso ni ingresar a valorar la prueba, tampoco invadir la competencia de la jurisdicción ordinaria, sino simplemente verificar si en el Auto Supremo impugnado se cumplieron las condiciones de validez que debe tener toda resolución judicial, como se pasará a analizar posteriormente.

Por otra parte, debe considerarse que el amparo constitucional tiene como fin tutelar derechos y garantías y es precisamente en resguardo de los mismos que debe velarse por el respeto a la garantía del debido proceso, que tiene entre sus componentes a la fundamentación de las resoluciones y el derecho a la conclusión de los procesos dentro de un plazo razonable, los mismos que, ante Resoluciones carentes de fundamentación, resultan lesionados, conforme se pasa a explicar.