SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2324/2010-R

Interpone el presente recurso contra la Autoridad Responsable de los Procesos de Contratación en la modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, y contra la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal de Oruro, por haber emitido las ilegales Resoluciones Administrativas de Anulación 01/2008, 02/2008, 03/2008 y 04/2008, todas de 21 de octubre de 2008, todos referidos a la dotación de módulos de química.

Indica que, en los cuatro casos, fue lanzada la convocatoria pública que corresponde a través del Sistema de Información de Contrataciones Estatales, que concluye con la adjudicación a favor suyo; sin embargo, la firma del contrato no se produjo, siendo más bien que unos de los proponentes de la ciudad de Santa Cruz, le ofertó la suma de $us20 000.- (veinte mil dólares estadounidenses), para que retirase su propuesta, pedido al cual no accedió, cuando para su sorpresa los procesos de contratación fueron anulados, tal cual se señala en el párrafo inicial.

Agrega que, si el fundamento de la anulación se originaba en un error en el numeral de la Certificación Presupuestaria, bajo los principios establecidos en el Decreto Supremo (DS) 29190 de 11 de julio de 2007, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NBSABS), debió subsanarse la equivocación, suspendiendo temporalmente el proceso de contratación y no anular los demás procesos de contratación, con el perjuicio económico que representa el hecho para su persona y para el Estado.