SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2527/2010-R

Notificada legalmente con el recurso de hábeas corpus, la autoridad recurrida, presentó informe escrito (fs. 83 a 84), señalando que: Se sigue un juicio laboral interpuesto por Juan Carlos Martín Palomo Rivero en representación de Darwin Martín Hurtado Jordán y contra la empresa minera “R&D Mining S.A.”, por cobro de beneficios sociales, empresa representado por Richard Anthony Conlon y David Kesler, el art. 100 del Código Procesal del Trabajo (CPT), establece el arraigo, concordante con el art. 102 del CPT, establece que: “…también podrá precautelarse los derechos de los trabajadores mediante el arraigo del demandado, cuando se tenga un temor de alejamiento o huida, y hasta que constituya garantía suficiente”; temor que ha sido fundamentado mediante un memorial y respaldado con flujo migratorio, la recurrente hace alusión al art. 13 de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por obligaciones patrimoniales (LAPACOP), que en forma maliciosa pretende confundir al Tribunal, al argumentar una supuesta derogatoria del arraigo en materia laboral, al respecto es importante citar la norma “ninguna autoridad puede restringir la libertad personal, sea de un boliviano o extranjero, en ninguna de sus formas como medio para el cobro de obligaciones patrimoniales, con las excepciones previstas para las materias familiar y sociales establecidas en los arts. 11 y 12 de la citada Ley 1602”, como podrán advertir la demanda persigue el cobro de índole social no patrimonial, no ha sido derogado, la boleta que no es aceptada por el demandante, se rechaza la sustitución del arraigo por la boleta bancaría al no constituir medida real y suficiente, tal cual, lo dispone el art. 105 del CPT, rechazo debidamente fundamentado, por lo que pidió se declare improcedente el recurso.