SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2746/2010-R

El recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo, ha sido instituido como un recurso extraordinario que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución y las leyes siempre y cuando no hubiere otro medio o recurso legal.

Ahora bien, del análisis de la acción interpuesta por Blanca Tarcila Ardaya, se deduce, que los hechos denunciados por la misma, darían lugar a aplicar la excepción a la subsidiaridad en el amparo por las medidas de hecho en que incurrieron los demandados, más propiamente Pánfilo Ríos Quintana. Este hecho da lugar a la consideración de la abundante  jurisprudencia constitucional, mediante la cual este Tribunal ha establecido que en la acción de amparo constitucional de manera excepcional procede la tutela directa e inmediata, aún prescindiéndose de la naturaleza subsidiaria del amparo, cuando haya un daño irreparable en el que la protección resultaría ineficaz por tardía, o cuando se esté frente a medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares; y es en ese mismo sentido, dada las características de las medidas de hecho, que el Tribunal o Juez de garantías, al momento de hacer la revisión de los requisitos de procedencia y admisibilidad, no debe exigir el agotamiento de los medios ordinarios; y en cuanto a los requisitos previstos por el art. 97 de la LTC, entre tanto exista una situación lógica y exigencias mínimas cumplidas, correspondiendo su admisión.