SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0182/2010-R

Los recurrentes, ahora accionantes, manifiestan que las autoridades demandadas, vulneraron el derecho a la “seguridad jurídica”, de la garantía al debido proceso y del principio de legalidad, alegando que en la tramitación del proceso, se ha desconocido la ley, se ha ignorado los alcances de la libertad contractual, se olvidó lo convenido entre partes, otorgando a un contrato de prestación de servicios de consultaría civil la calidad de un contrato de carácter social, que en la tramitación del proceso las autoridades demandadas, actuaron ilegalmente y sin competencia. Corresponde considerar, en revisión, si tales extremos son ciertos y si ameritan o no la protección que brinda la presente acción tutelar.