AUTO CONSTITUCIONAL 0084/2010-RCA

Al respecto, la jurisprudencia constitucional de orden procesal emanada de la Comisión de Admisión de este Tribunal, a través del AC 0107/2006-RCA de 7 de abril, estableció que: “El análisis formal previo a la admisión del recurso de amparo constitucional, no debe ser aislado, sino integral; es decir, que no sólo se debe tener en cuenta las normas previstas en la Constitución Política del Estado y la Ley del Tribunal Constitucional; sino también, el desarrollo de la doctrina o jurisprudencia constitucional; en el caso de la declaratoria de improcedencia in limine, debe aplicarse las causales previstas en el art. 96 de la LTC, y las sub-reglas de improcedencia establecidas a través de la jurisprudencia constitucional; como ser la interposición del recurso de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses (AC 0053/2005-RCA, de 26 de octubre); cuando se impugne otra Resolución de amparo constitucional, dictada por el Tribunal de garantías o el Tribunal Constitucional; (SC 0834/2004-R, de 1 de junio, y AC 100/2006-RCA, de 31 de marzo); cuando a través de este recurso -en base al art. 31 de la CPE- se pretenda la nulidad de resoluciones o actos por falta, pérdida o usurpación de competencias (SC 0542/2005-R, de 18 de mayo, y 0585/2005-R, de 31 de mayo); o cuando se pretenda la tutela del derecho a la libertad física (SC 0290/2005-R, de 4 de abril), en éstos dos últimos casos, por existir otro recurso específico; ante éstas circunstancias, corresponde la improcedencia in limine de la demanda”. Jurisprudencia aplicable al caso de autos, puesto que al solicitar el accionante el cumplimiento de la SC 0416/2006-R de 28 de abril, se establece que el mismo, no ha agotado la vía, dado que es al Tribunal de garantías que conoció y resolvió el recurso -hoy acción- de defensa, es donde debió acudir, por lo que corresponde la declaratoria de improcedencia in limine.

Consecuentemente de lo señalado se establece que la pretensión del recurrente no puede ser considerada, en razón del entendimiento jurisprudencial anotado, al no constituir el recurso de amparo constitucional la vía ni el medio legal adecuado, para ordenar el cumplimiento de una sentencia constitucional, pues es el juez o tribunal que conoció el recurso y pronunció la respectiva resolución, el encargado de velar por su cumplimiento y consecuentemente ante quien debe acudir el recurrente.