SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0326/2010-R

Es un derecho fundamental que anteriormente estaba previsto por el art. 7 inc. h) de la CPEabrg, que decía: “Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: h) A formular peticiones individual o colectivamente”; actualmente el orden constitucional es más explícito y lo cataloga como derecho fundamental de orden civil y en el art. 24 de la CPE, señala que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. Es decir, que el derecho de petición así sea en forma oral o escrita, implica el derecho a tener una respuesta formal, fundamentada y oportuna, de tal manera que el ciudadano no esté inmerso en una incertidumbre, puesto que la omisión se constituye en una arbitrariedad y por ende lesiona este derecho fundamental,  contraviniendo así el orden constitucional.

Al respecto, este Tribunal tiene sólida jurisprudencia, al definirlo como: “…una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa. Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla...” (SC 0189/2001-R de 7 de marzo).

En cuanto a la motivación de la respuesta se ha establecido en la SC 0776/2002-R de 2 de julio, citada por la SC 0025/2005-R de 10 de enero que este derecho: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma; en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho”.