SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1131/2010-R

El recurrente, ahora accionante, alega que el Fiscal General del Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional, hoy demandados, vulneró sus derechos al debido proceso en su elemento del juez natural (competencia) y la seguridad jurídica, debido a que dentro de un proceso administrativo iniciado en su contra, en base al informe conclusivo del investigador asignado al caso, el Director funcional de la investigación dictó requerimiento fiscal el 20 de septiembre de 2006, determinando el archivo del caso, ante dicha decisión, la supuesta víctima impugnó el requerimiento y el Fiscal a su vez el 5 de febrero de 2007 ratificó su requerimiento de archivo de obrados y remitió el caso ante la Fiscal Departamental del Tribunal Disciplinario Policial, quien confirmó el archivo; sin embargo, irregularmente el proceso fue desarchivado porque la supuesta víctima impugnó el requerimiento de la Fiscal Departamental del Tribunal Disciplinario Policial, en forma inusual y sin que exista normativa procedimental que permita el desarchivo, es así, que el caso fue puesto en conocimiento del Fiscal General del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional y el Fiscal General demandado anuló los requerimientos de sus inferiores ordenando se lo acuse para posteriormente ser sometido a proceso administrativo sancionador. Corresponde determinar, en revisión, si los extremos invocados son evidentes; y en su mérito, si se justifica o no otorgar la tutela solicitada.