SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1461/2011-R

         El derecho a la defensa es un elemento constitutivo del debido proceso, que asume la categoría de derecho autónomo, al estar prefijado como tal en el art. 115.II de la CPE, es así que el Tribunal Constitucional en la  SC 0010/2010-R de 6 de abril, al hacer referencia al indicado derecho, precisó: “La Constitución Política del Estado vigente, en el art. 115.II, reconoce el derecho a la defensa, y en el art. 119 señala expresamente que: '…El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios'.

         Por su parte, el art. 14.3 del PIDCP, establece las garantías mínimas que durante el proceso tiene derecho toda persona acusada de un delito, entre ellas: 'A hallarse presente en el proceso y defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo' ”.

En cuanto a sus alcances, este Tribunal a través de su jurisprudencia constitucional, ha establecido que: '…este derecho tiene dos connotaciones: La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio…'” (SC 1842/2003-R de 12 de diciembre) (Entendimiento reiterado en la SC 0892/2010-R de 10 de agosto, entre otras.)