SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1926/2011-R

El art. 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), suscrito por nuestro país y que conforma el bloque de constitucionalidad, reconocido por el art. 410.II de la CPE, ha dispuesto que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en está”; en similar sentido se ha expresado el art. 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al señalar que: “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

Dentro de ese contexto, el derecho a la libertad física, se instituye como la mayor protección de uno de los bienes jurídicos más importantes para la persona y que enmarca el carácter primario, como es la capacidad de decidir dónde ir, permanecer y/o desplazarse; lo que implica que es un derecho con amplia protección; bajo este razonamiento, es preciso comprender que, para que exista una aprehensión y consiguiente restricción a la libertad personal, ésta, debe ser ejecutada en el marco y los límites señalados en la ley y no de otra forma.

En tal sentido, toda autoridad judicial o administrativa, debe, en resguardo de tan valioso bien jurídico, como lo es la libertad, velar porque la situación jurídica del detenido sea resuelta dentro de los plazos establecidos al efecto tanto en la Constitución Política del Estado como en las leyes inferiores, aún cuando se trate de extranjeros, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, debiendo, las autoridades o funcionarios, administrativos o judiciales, agilizar los trámites evitando dilaciones indebidas, pudiendo, proceder a la privación de la libertad de una persona, únicamente, conforme se desprende del art. 23.III de la CPE.