SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1941/2011-R

Están siendo procesados por la supuesta comisión del delito de asesinato de Rufina Morales de Ayma, acaecido en circunstancias en que la coaccionante Nelly Charo Gonzales Fernández, se encontraba en la farmacia “La Florida” de propiedad de su esposo, no obstante tener como profesión la de maestra; y en franco ejercicio ilegal de la profesión, como en muchas ocasiones lo hizo con otras personas, suministró un inyectable del medicamento “Penduiben” combinado con “Dexametazona”; empero no hizo la prueba de alergia, desencadenando en la paciente un shock anafiláctico, provocando que la coaccionante y la regente de la farmacia, Sara Corali Crespo Durán, entren en pánico, no obstante que ésta última como profesional del ramo estaba capacitada para asumir acciones necesarias para evitar la muerte de la persona, por lo que la coaccionante tuvo que acudir ante la médico Rachelly René Pérez Arias, quien inyectó un antialérgico a la víctima y le dio respiración boca a boca, para evitar su muerte; sin embargo sus esfuerzos fueron vanos. Ante la desesperación y ofuscación reconoció que se tomaron decisiones incorrectas, pues debió asumir responsabilidad de la situación y denunciar el hecho ante el Ministerio Público, ya que por su negligencia en el ejercicio de la medicina, truncó una vida, la suya y la de su familia.

En cuatro oportunidades, durante la etapa investigativa, se tomaron las declaraciones de Sara Corali Crespo Durán, quien queriendo eludir responsabilidad efectuó declaraciones en parte falsas, provocando que la Fiscal asignada al caso tipifique ilegalmente el caso como asesinato, adecuando la acción a un tipo penal que no corresponde,  formulando imputación por la comisión de dicho delito. Tal adecuación del tipo penal originó que la Jueza Primera de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de Cochabamba, ordené su detención preventiva el año 2009, estando ilegalmente detenidos por conductas que no se adecúan al tipo penal imputado.